El mundo agrario y jurídico urge que se cumpla la ley de la cadena alimentaria de manera útil, justa y consensuada

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, defendió que “una sociedad madura necesita prácticas respetuosas y transparentes para que todos los eslabones de la cadena perciban un precio justo. Esta ley es una invitación de madurez a todos ellos. Desde productores hasta consumidores deberíamos sentarnos en una mesa, llegar a acuerdos y fortalecer cada parte para conseguir una cadena más fuerte. Si la ley funcionara correctamente, no habría la necesidad de que los agricultores denunciaran a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), directamente o a través de AVA-ASAJA, por eso es tan importante alcanzar consensos con los otros agentes y evitar futuras sanciones”.

En la misma línea, el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, declaró que “el eslabón débil, cuanto más fuerte sea, más fuerte será la cadena. El reparto de beneficios debería ser un tercio para el productor, un tercio para el transformador y un tercio para el que vende el producto. Si no nos movemos en esos equilibrios, la cadena no funciona. No valen excusas: los productores tienen que saber lo que cuestan las cosas, incluido todo el mundo cooperativo. Y la ley tiene que dar seguridad a un sector que está clamando por una rentabilidad digna”.

El catedrático de Derecho Civil, Javier Plaza, la profesora de Derecho Civil, que a su vez preside la comisión de agricultura del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Francisca Ramón, y el profesor de Derecho mercantil, Benjamín Saldaña, coincidieron en subrayar “la debilidad del eslabón productor pese a esta ley que le protege. Si se cumpliera, supondría la clave de bóveda para garantizar la rentabilidad y, por tanto, la sostenibilidad del sector agropecuario valenciano”.

Javier Plaza puso la Universitat de València a disposición del Gobierno y de los agricultores para establecer costes de producción y para resolver conflictos rápidamente mediante la creación de un sistema de conciliación y arbitraje, evitando así procesos judiciales que pueden dilatarse durante años. El profesor de Derecho mercantil, Benjamín Saldaña, solicitó al Gobierno dicha publicación de los costes efectivos de producción, anunciada en la propia ley, a fin de favorecer la capacidad negociadora de los productores.

Sin embargo, la directora de la AICA, Gema Hernández, respondió que si este órgano sancionara la destrucción de valor a un operador en función de unos costes efectivos de producción publicados “no tendría recorrido porque la ley se refiere al coste asumido por cada productor y porque se estarían fijando precios mínimos. Incluir el coste particular en el contrato no es una cláusula obligatoria y, aunque el productor reconozca que el precio estipulado cubre sus costes, puede denunciar al operador comercial igualmente porque para mí es una cláusula irrelevante”.

El secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, destacó la importancia de la creación de la AVICA a nivel autonómico para combatir situaciones abusivas en el mercado agroalimentario, hasta los puntos de venta al público, y animó a los productores a aprovechar al máximo los instrumentos de mejora y ayuda que ofrece la ley de estructuras agrarias a fin de que puedan poner en marcha unidades de cultivo más eficientes que permitan incrementar la rentabilidad.

Durante sus intervenciones, el presidente de ASOVAV, Celestino Recatalá, argumentó la necesidad de celebrar esta jornada por la grave situación de rentabilidad que afecta a la mayoría de cultivos y ganaderías de la Comunitat Valenciana en estos momentos. Finalmente, el decano de la Facultad de Derecho de la UV, Francisco Javier Palao, consideró que “esta jornada era muy importante con referencia a otros eventos que se celebran en esta Facultad porque está en juego la supervivencia del sector agrario y del medio rural valenciano”.

La jornada contó con el patrocinio de Cajamar Caja Rural, AGROMAS y Garroferals Correduría de Seguros.